Carta al presidente morales de la asamblea de los pueblos guaran
Estimado señor Presidente: Por la presente queremos informar a su Excelencia de dos demandas concretas de nuestra Comunidad como continuidad a la carta entregada a Ud. el 23 de marzo de 2009 y de la que nunca hemos recibido respuesta. Estamos profundamente decepcionados por la actuación de los funcionarios de su Gobierno y por su propio comportamiento, y nos duele como comunidades indígenas el abandono y falta de auxilio de todo tipo
1)
Informamos a Ud que en nuestra TCO se han aprobado 20 licencias ambientales
dentro de varios contratos de operación. Estas licencias comenzaron el 04 de
abril de 1997 y tenemos conocimiento que la última se ha expedido el pasado 05
de febrero de 2010. Estas licencias han sido otorgadas a Repsol YPF E&P
Bolivia SA, a excepción de tres concedidas a la empresa nacionalizada
Transredes SA.
Todas
esas licencias, señor Presidente, han sido otorgadas, así como los contratos de
operación, sin que en ningún caso se haya cumplido con el "derecho a
consulta" que nos corresponde como organización indígena reconocida
legalmente, pero, además, violando expresamente el derecho de propiedad que nos
corresponde como TCO reconocida legalmente.
2)
Informamos a Ud. que ni las empresas, ni el Estado han cumplido nunca con la
ejecución del contrato firmado oportunamente por la APG IG y la empresa Maxus
SA y que corresponde a la operación del pozo X1, por lo que dicha licencia es
nula de pleno derecho.
Sin
embargo, el 10 de abril de 2008 el Ministerio de Medio Ambiente levantó un acta
administrativa al constatar que la empresa Repsol YPF E&P Bolivia SA no
presentó la licencia original correspondiente a la licencia otorgada a la
empresa Chevron el 04 de abril de 1997; dicho procedimiento administrativo
derivó en un proceso judicial que, según informaciones recogidas por nuestra
organización, se encuentra pendiente de resolución ante la Corte Suprema.
La APG IG considera que, una vez más, se han violado
nuestros derechos en la medida que, no sólo no se nos informó en el momento
oportuno de dicha inspección a una explotación que está dentro de nuestra
propiedad, sino que, además, hasta la fecha, jamás se nos notificó en forma
legalmente eficaz de la existencia de este expediente administrativo.
Consideramos
que esta actuación administrativa viola en forma flagrante nuestros derechos y
tenemos elementos suficientes para creer que la única finalidad del mismo es
obviar deliberadamente el cumplimiento de las obligaciones económicas dimanadas
del contrato de la APG IG
con la empresa Maxus SA y de la que Repsol YPF E&P Bolivia SA es
jurídicamente responsable a todos los efectos desde el momento en que adquirió
los activos y obligaciones de la mencionada empresa.
3)
Informamos a Ud que en el año 2007 sufrimos un intento de fraude por parte de
Repsol España SA que, en su momento, informamos fehacientemente a los ministros
de Hidrocarburos y al Vicepresidente del Estado Plurinacional. Hasta la fecha
nunca hemos recibido respuesta alguna sobre esta cuestión por parte de
funcionario alguno, debiendo nuestra organización hacer frente a esta cuestión
sin contar con auxilio judicial alguno por parte del Estado boliviano.
4)
Informamos a Ud. que hace aproximadamente 50 días hemos tenido una vez más un
intento fallido de negociación por parte de funcionarios de YPF SA que fungen
como representantes de Repsol YPF E&P Bolivia SA sin que hayan aportado
hasta el momento los poderes que justifiquen dicha representación, a pesar de
haber sido requeridos en este sentido por nuestro departamento jurídico, siendo
además que ni siquiera han respondido por escrito en forma legalmente
fehaciente.
5)
En fecha 28 de abril de 2010 hemos recibido una carta de YPFB SA en la que
oficialmente se nos informa que dicha empresa no reconocerá jurídicamente a la APG IG y que los problemas
con empresas petroleras en nuestra TCO son unilaterales, o sea, que YPFB no
prestará cooperación ni auxilio judicial u operativo alguno a nuestra
organización dentro de las distintas licencias y contratos de operación que
existen actualmente en nuestra TCO.
Esta
carta incumple además el acuerdo que figura en el acta de fecha 09 de abril de
2010 y según el cual se nos enviarían los extractos de las actas de
deliberación que, sobre este punto, se presume que llevó a cabo el Directorio
(término sinónimo de Consejo de Administración) de YPFB SA, por lo que debemos
presumir que dicha deliberación nunca se llevó a cabo y la resolución está
adoptada por el señor Carlos Villegas, quien funge como Presidente Interino con
plenos poderes de dicha empresa.
6)
Informamos a Ud que en la misma situación de falta de cumplimiento de la
legalidad nos encontramos con relación a la inscripción registral de la
escritura definitiva de la
TCO Itika Guasu, o sea, respecto del territorio original de
origen que es propiedad de nuestra comunidad, no habiendo recibido nunca
respuesta alguna a nuestras pretensiones que respetuosamente expresamos en
forma documental en diversas oportunidades a funcionarios de diverso nivel
jerárquico del INRA y del Vice Ministerio de Tierras. Es por lo que nos
encontramos en total indefensión, toda vez que todas las inscripciones
realizadas jurídicamente en nuestra TCO se han efectuado sin información
fehaciente a nuestra organización, por lo que consideramos que las mismas son
nulas de pleno derecho conforme a la legislación del Estado boliviano desde
1951 hasta la fecha.
7)
Informamos a Ud. que nunca hemos recibido respuesta a nuestras demandas de
regularización del funcionamiento del Fondo de Desarrollo para Pueblos
Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas y de que se nos informara en
forma fehaciente de los documentos que oportunamente solicitamos en el año 2008
para conocer en derecho las diferentes resoluciones adoptadas hasta la fecha
por dicho organismo, que fue creado luego de nuestras movilizaciones de 2005.
Estimado
señor Presidente, estos hechos que se encuentran documentados con todas las
formalidades jurídicas necesarias por nuestra parte, nos llevan a notificarle
que consideramos agotadas las vías administrativas y legales con relación al
Gobierno que Ud preside y al propio Estado boliviano y que exigiremos la
depuración de responsabilidades que consideremos necesaria.
Demás
está decir, señor Presidente, que estamos profundamente decepcionados por la
actuación de los funcionarios de su Gobierno y por su propio comportamiento, y
que nos duele como comunidades indígenas el abandono y falta de auxilio de todo
tipo en que nos encontramos.
Carta al presidente morales de la asamblea de los pueblos guaran
Estimado señor Presidente: Por la presente queremos informar a su Excelencia de dos demandas concretas de nuestra Comunidad como continuidad a la carta entregada a Ud. el 23 de marzo de 2009 y de la que nunca hemos recibido respuesta. Estamos profundamente decepcionados por la actuación de los funcionarios de su Gobierno y por su propio comportamiento, y nos duele como comunidades indígenas el abandono y falta de auxilio de todo tipo